La investigación por el crimen de Thiago, el niño de dos años que murió por asfixia y ahorcamiento, comenzó a poner el foco no solo en los dos imputados por el hecho, sino también en la actuación de los organismos estatales que debían intervenir para proteger al menor. La familia paterna sostiene que existieron reiteradas denuncias por presuntos malos tratos que no tuvieron una respuesta efectiva.
El fiscal Daniel Espilocín confirmó que, al consultar los registros del Ministerio Público Fiscal, se detectaron antecedentes de denuncias contra la madre del niño por presuntos episodios de violencia. Esta información coincide con lo manifestado por los abuelos paternos, quienes aseguran haber presentado cinco denuncias antes de la muerte del menor.
Según la investigación, Thiago fue trasladado el lunes por la noche por su madre, María del Milagro Cuellar Medina, al hospital Papa Francisco y posteriormente derivado al hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el niño falleció por asfixia y ahorcamiento.
Por el hecho, Franco Nicolás Funes, pareja de la madre, fue imputado por homicidio agravado por alevosía, al ser considerado el presunto autor material del crimen. En tanto, María del Milagro Cuellar Medina fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, al atribuirle una conducta omisiva frente a lo ocurrido con su hijo. Ambos permanecen con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Durante el sepelio, el padre del niño, Hugo Altamirano, cuestionó la actuación de la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia y aseguró que, pese a solicitar ayuda y denunciar la situación, no obtuvo respuestas suficientes. También reclamó la restitución de la guarda del hermano menor de Thiago, actualmente bajo resguardo estatal, y pidió que se investiguen posibles responsabilidades de los organismos que debían intervenir.
Los conflictos familiares ya habían llegado a la Justicia a través de denuncias cruzadas entre los padres, que tramitaron en dos juzgados de Violencia Familiar y de Género. Sin embargo, pese a esas actuaciones judiciales, el caso terminó con el fallecimiento del menor.
Consultado sobre la situación, el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, sostuvo que será necesario determinar si existieron denuncias previas y evaluar cómo actuaron tanto la Justicia como los organismos de protección de la infancia. El funcionario afirmó que deben investigarse todas las responsabilidades que pudieran surgir del caso.
Hasta el momento, la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia no emitió una respuesta pública sobre los cuestionamientos planteados por la familia y señaló que aguardará el avance de la investigación judicial.
